31/01/2022 – Se había creado para estabilizar precios internos; las empresas argumentaron que no es conveniente su prórroga.
El Gobierno se apresta a extender por otro año la vigencia del fideicomiso aceitero, conformado por las empresas privadas del sector y creado para evitar bruscas variaciones en los precios del aceite.
Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, es inminente la prórroga ya que el sistema vigente -también por un año- finaliza hoy. En tanto, trascendió que firmas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) habían presentado al Gobierno argumentos en contra de la extensión ya que, aseguran, “pone en riesgo a las empresas abastecedoras” que reciben aumentos de precios por debajo de la inflación y sus respectivos costos.
El año pasado, con la resolución conjunta 1 del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Productivo se ratificó un acta del Gobierno con la industria y se puso en marcha el fideicomiso. Hasta el momento significó 29 millones de litros mensuales (75% del mercado nacional) con un valor anual de compensaciones intra industria por 190 millones de dólares. En su momento el sector empresario señaló que la financiación corría a cargo de la misma industria “para evitar incrementos en los precios”.
Además, en ese momento se vio al fideicomiso como una herramienta para esquivar un incremento de las retenciones ante la amenaza del Gobierno. “Se evitan los cierres de registros o la suba de los derechos de exportación, en virtud del compromiso del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior para adoptar las medidas o acciones que remuevan toda distorsión del mercado exportador de los productos contemplados en el fideicomiso, velando por el sostenimiento de condiciones competitivas y equitativas para las empresas productoras involucradas, y procurando disuadir toda conducta contraria a la lealtad comercial y la defensa de la competencia”, apuntó la cámara en ese momento.
En paralelo a ese fideicomiso, el Gobierno sacó otra resolución, la 15 del Ministerio de Agricultura, que exige como requisito para permanecer en el Registro Único de la Cadena Agroindustrial -un registro clave para poder operar- cumplir con las normas, sentencias o laudos de organismos con competencia en el abastecimiento interno. Esto se puso en directa relación a la Secretaría de Comercio Interior y como elemento de presión a las empresas para que cumplan lo pactado.
Ante la inminente prórroga del fideicomiso aceitero, fuentes de la industria aceitera señalaron que había “una decisión política al máximo nivel de mantener el fideicomiso en 2022″ y que de esa manera se imponía al sector, exportadores y abastecedores, su extensión.
“Como Ciara hemos presentado todos los argumentos en contra de la extensión y del control porque pone en riesgo a las empresas abastecedoras que reciben aumentos por debajo de la inflación y de sus costos, así como perjudica la rentabilidad de los exportadores al obligarlos a transferir recursos millonarios de sus propios ingresos mientras luego en algunos canales de venta al público se ven aumentos de precios que están muy por encima de los aumentos otorgados a las empresas por el Gobierno”, dijeron fuentes de la organización.
En este contexto, más allá del fideicomiso aceitero el Gobierno se encuentra trabajando, como anticipó LA NACION, en otro fideicomiso para subsidiar harina, fideos y el pollo. Se trata de una idea que sugirió Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, y que tomó el Ministerio de Agricultura.
Ese fideicomiso fue rechazado por las Mesas de Trigo y Maíz donde está el sector privado. Para canalizar esto las empresas que exportan trigo, maíz y sus derivados tendrían que destinar unos US$150 millones a ese fideicomiso. Se compensaría el costo de 3,13 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz.
Fernando Bertello
La Nación
