14/01/2022 – Una disposición del organismo sanitario dio plazos para que los establecimientos de remates adecúen sus instalaciones de acuerdo a normas internacionales de sanidad y bienestar animal; la Sociedad Rural de Bolívar, entre otras, no consigue la habilitación que presentó más de cuatro meses atrás.

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Al doble estándar de las plantas frigoríficas, en donde el Gobierno estableció plazos para la adecuación del sistema de troceo de carne vacuna, una normativa del Senasa del año 2020, pone en jaque a algunas ferias y remates ganaderas del interior, según advierten en las sociedades rurales. Sin embargo, en el organismo sanitario, indicaron que “todo está transitando por los carriles normales”.

En una resolución publicada en diciembre de ese año, se estableció un triple estándar de establecimientos y predios por cuestiones sanidad y bienestar animal, donde según cuál sea el grupo en el que se está, poseían distintos plazos para el reacomodamiento de sus instalaciones, que luego serían habilitados por la Dirección Nacional de Sanidad Animal, que depende del organismo.

En este contexto, según señala la norma, entre los objetivos está el de actualizar y unificar los requisitos para la habilitación/rehabilitación de locales de remates ferias, mercados de hacienda, exposiciones ganaderas y todo otro lugar de concentración de ganado, “teniendo en cuenta las actuales disposiciones internacionales en materia de sanidad y bienestar animal, estableciendo, además, las condiciones para su cumplimiento”.

Las ferias que tengan remates de más de mil animales, deben tener a partir del 28 de diciembre pasado sus instalaciones adecuadas a la normativa del Senasa, de lo contrario no podrán operar
Las ferias que tengan remates de más de mil animales, deben tener a partir del 28 de diciembre pasado sus instalaciones adecuadas a la normativa del Senasa, de lo contrario no podrán operar

El 28 de diciembre pasado caducaron todas las habilitaciones, salvo que el trámite haya estado en curso. Entre las cosas que pide el Senasa está el de alargar dos metros los embarcaderos en forma recta, tener una manga para animales caídos y un corral con agua para la hacienda.

En este sentido, el grupo 1, que incluye a ferias de más de mil animales y comercializan el 60% de la hacienda, debía finalizar la construcción de los embarcaderos antes del 28 de diciembre de 2021; en tanto, los del grupo 2, con remates de más de 500 animales y menos de mil y que tienen el 20% de la hacienda subastada, el plazo se extiende hasta el 30 de junio de este año. Mientras que, los predios dentro del grupo 3, con menos de 500 animales por feria, tienen tiempo para finalizar la construcción de dichos embarcaderos hasta el 28 de diciembre de 2022.

Para fin de año, en un principio, de ese el primer grupo conformando por 56 ferias de todo el país, solo 16 habrían regularizado su situación. Si bien es época de pocos remates, las que ya han tenido inconvenientes por la no habilitación son las sociedades rurales de Azul, Lincoln y Bolívar, entre otras.

Así quedaron los embarcaderos de carga y descarga en la Sociedad Rural de Azul
Así quedaron los embarcaderos de carga y descarga en la Sociedad Rural de Azul

“Azul acaba de recibir su habilitación hasta diciembre de 2024. En tanto, la Sociedad Rural de Lincoln, con los añosquedó dentro del egido urbano. Por lo que si se alargan los embarcaderos como los pide el Senasa, los camiones cortarían las calles del barrio que está enfrente al predio, por lo que lo que tienen que hacer es trasladar los embarcaderos a otra parte. El caso de Bolívar es otra cosa, todavía no consiguen la habilitación y han presentado todos la documentación requerida “, dijo Mariano Williams, productor agropecuario en Pila y tesorero de Carbap.

Para Patricia Iglesias, productora agropecuaria de la zona de Bolívar, la no habilitación de la feria complica y perjudica no solo a la entidad sino a los pequeños productores que semana a semana envían sus animales a venderse y al personal transitorio que se contrata para los remates.

“La entidad envió toda la documentación en septiembre pasado al Senasa local, pero parece que nunca lo elevaron al organismo central. Se han presentado los planos de las 10 hectáreas, incluso en PDF, como nos pedían, pero no resolvieron nada. La sociedad rural vive de las ferias y de los sellados de cereales. Los tres primeros miércoles de cada mes tres consignatarias realizan sus remates, donde se venden unos 5000 animales, aproximadamente”, indicó a LA NACION.

“Con la feria suspendida, ya son dos las canceladas. Los días siguen pasando, se tiene todo en regla, pero la habilitación no llega. Son muchos los gastos que tiene que afrontar mes a mes la Sociedad Rural. En tanto, a los ganaderos nos están partiendo en cuatro porque necesitamos vender para pagar nuestras deudas y a los más de 20 peones por día que hacen changas esos tres días de cada feria”, añadió.

Según contó Iglesias, uno de las observaciones que les habían marcado era que la feria debía tener los muelles de carga y descarga separados pero a pesar de su insistencia, nunca les explicaron con qué material debía hacerse, “si con palos o de cemento”.

“Nuestras instalaciones están en muy buen estado, hay alambre olímpico para que los animales no se escapen. Nos llaman el Palermo Chico por las instalaciones que poseemos”, indicó.

También pequeños y medianos productores del norte de la provincia de Corrientes mostraron su preocupación acerca de la no habilitación de sus ferias rurales, pese a que las mismas ya presentaron meses pasados toda la documentación.

Un pedido al Senasa

Para Néstor Pérez Ortega, gerente de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, si bien coincide con el objetivo del Senasa sobre el reacomodamiento de los establecimientos de feria, por cuestiones del Bienestar Animal, “pareciera un mecanismo de implementación algo exagerado”.

“Que nos den la posibilidad de hacerlo posible. Tienen razón y nos demoramos en hacerlo pero no nos impidan trabajar. Es por eso por lo que el viernes pasado hemos enviado una carta al presidente del organismo sanitario para pedir una prórroga y estamos esperando respuestas”, señaló.

En este contexto, puntualizó que, de no prosperar esa prórroga, podría haber que varios damnificados, que vean conculcados su derecho a trabajar, presenten un recurso de amparo.

“Seamos inclusivos y que se les de a todos los establecimientos el mismo plazo de reacomodamiento, porque es caprichoso tener grupos, segmentados solo por la cantidad de animales que se venden”, remarcó.

Consultado por LA NACION, fuentes del Senasa dijeron que todo “está transitando carriles normales”. “La resolución del 28 de diciembre de 2020 está vigente. Tuvieron un año para adecuarse a la norma. Las del grupo 1 son las que están tramitando por estos días su rehabilitación. Se atienden los casos uno por uno. Hasta el momento no se evaluó hacer una ampliación de plazos”, indicaron y añadieron que “no hay tenido que suspender ni postergar remates hasta la fecha.

Mariana Reinke
La Nación