Bajar el corte obligatorio de combustibles fósiles con biocombustibles sería ir a contramano del mundo y primarizar la producción agroindustrial.

04/05/2021 – Los mercados se debaten entre la presión alcista de Chicago y la presión bajista de las amenazas políticas, como el caso de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien advirtió sobre la posibilidad de aumentar las retenciones, mientras que en la Cámara de Diputados hay legisladores del oficialismo que pretenden modificar la Ley de Biocombustibles.

Los funcionarios públicos deben satisfacer las necesidades de toda la sociedad y generar condiciones para una mayor demanda laboral y el desarrollo sustentable de las empresas; en pocas palabras, promover condiciones para el crecimiento y progreso económico del país.

Sin embargo, lo que hacen es tratar de modificar lo que ya está hecho, cambian lo que está funcionado bien y, lo que es más serio todavía, no miden consecuencias ni les interesa el daño que causan en las medidas que toman, o en algunos casos quieren imponer.

Es el caso de la Ley de Biocombustibles, cuyo plazo de vencimiento es el próximo 12 de mayo. Esta semana finalmente la Cámara Baja arrancó el debate; pero en vez de analizar el proyecto de prórroga que ya tiene media sanción en el Senado, lo hizo alrededor de la propuesta enviada por el oficialismo, que propone un porcentaje de corte menor al actual.

Del encuentro participaron numerosos representantes del sector productivo, que en su mayoría mostraron un rechazo a la propuesta e insistieron en que el interés del sector es que se prorrogue el régimen actual. Hace unas semanas, la oposición convocó a una sesión especial para tratar el asunto, pero fracasó por falta de quórum del oficialismo.

Experiencias

Veamos qué hacen otros países. En primer lugar, hay que destacar y dejar bien en claro que todas las naciones que utilizan biocombustibles, los consideran una cuestión de Estado, e implementan legislaciones para promover su uso interno.

Por ejemplo, en Indonesia está autorizado el B30, lo que significa que pueden cortar hasta el 30 por ciento de un litro de gasoil con ese biocombustible. En Brasil, a partir de 2023 va a regir el B15. Además, hay que considerar las medidas proteccionistas promovidas en Europa y los Estados Unidos, que tienen como objeto defender su industria nacional, sustituyendo importaciones y agregando valor localmente.

A diferencia de otros países, Argentina tiene la gran ventaja de ser el principal país exportador de harina y aceite de soja. Además, el complejo agroindustrial es la principal fuente de divisas al país.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que en los últimos años Argentina tuvo dificultades para poder vender aceite de soja a China, que cerró sus importaciones en 2010, y los compradores quedaron limitados a pocos países (India, Bangladesh, Sudamérica).

La Argentina tuvo la oportunidad de poder transformar esos excedentes de aceite de soja en biodiésel y de esta forma se trató de evita el derrumbe de los precios de las exportaciones locales.

Cabe recordar, además, que la producción de biodiésel no afecta la producción de aceite refinado para el mercado interno. Asimismo, el consumo de aceite de soja es de apenas del seis por ciento de lo que producimos, mientras que un 28 por ciento se destina a biodiésel y el 66 por ciento restante se exporta como aceite crudo.

Argentina es el único país fabricante de biocombustibles donde los productores no compiten entre sí para colocar su producción. Es fundamental abrir un tramo del mercado de biocombustibles a la competencia, manteniendo una proporción del corte para las pymes existentes (que podrían competir entre sí.

Esto sería una mejora para hacer más eficiente la cadena, incentivar inversiones y hacer menos oneroso el programa para el consumidor. Por otra parte, evitaría la discrecionalidad del Estado definiendo precios y cuotas, y la discriminación a los productores más eficientes de modo que puedan vender a mejor precio.

Bajar el corte obligatorio de combustibles fósiles con biodiésel o bioetanol, no solo sería ir contra la tendencia mundial en la materia, sino también primarizar la producción agroindustrial, provocar desinversión y desempleo, y aumentar la contaminación del ambiente.

Los funcionarios deberían tomar conciencia de que su responsabilidad es generar condiciones para que el país crezca, y no solamente desde el punto de vista de la recaudación.

Pablo Adreani
Agrovoz