21/02/2022 – La entidad llevará este reclamo a la esfera judicial en las próximas horas; los dirigentes rurales harán el anuncio oficial esta tarde.
La Sociedad Rural llevará el reclamo por las retenciones a la Justicia. Luego de un estudio minucioso de los detalles legales que le dan sustento o no al cobro de los derechos de exportación, la entidad decidió avanzar en la esfera judicial.
La entidad confirmó a Agrofy News que la presentación es inminente. Esta tarde habrá una conferencia de prensa para realizar el anuncio formal. Participarán el presidente de la entidad, Nicolás Pino, directivos y asesores legales de la SRA.
Desde que inició el año 2022 y no se aprobó el proyecto de ley de presupuesto para este año, la Sociedad Rural manifestó en reiteradas ocasiones que las retenciones son “inconstitucionales”. A principios de enero, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, le indicó al Presidente que deje de cobrar las retenciones por no tener sustento legal.
“Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, manifestó en ese momento Pino.
Los argumentos
Desde la entidad señalan que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado por la Ley de Emergencia Pública que se dictó en diciembre de 2019 (Ley 27.541) que permite al Presidente de la Nación fijar derechos de exportación. Luego, el proyecto de la ley de presupuesto incluía una prórroga por dos años que cayó y no se aprobó.
Ante este escenario, desde la SRA señalan que la legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido.
En lo que respecta al Código Aduanero, la entidad argumenta que el Congreso dio por finalizadas en 2010 todas las prórrogas de antiguas delegaciones en el Poder Ejecutivo, como la que contenía el código aduanero. “Por muchos años, incluso luego de la reforma constitucional de 1994, fueron utilizadas como base legal para justificar de las retenciones omitiendo su imprescindible sustento legal”, argumentaron.
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