22/12/2021 – Aunque se acerca la Navidad, el Gobierno no quiere dejar en paz al campo. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, preparan la última estocada del 2021.
Dos “administradores inteligentes” (como se proclaman) que practican alquimia con bellos nombres de medidas para meterle la mano en el bolsillo siempre al productor. Ahora se pasaría de los “volúmenes de equilibrio” a la creación del “Fondo Anticíclico Agroalimentario” de trigo y maíz, para mantener a raya los precios al consumidor de la harina de trigo 000, los fideos secos de trigo pan y el pollo entero aditivado y congelado con los menudos adentro.
O sea que a los productores de trigo y maíz, además de cobrarles el 12% de derechos de exportación, liquidarles las operaciones a un dólar de $100 -cuando el real es de $200- y quitarles el acceso a los precios internacionales mediante el establecimiento de los cupos móviles de exportación a través de los “volúmenes de equilibrio”, le sacarán en principio US$150 millones a través de los exportadores (quienes aportarán al Fondo en base a los volúmenes y precios de los permisos de embarque) para la creación de un fideicomiso y la instrumentación de un sistema de compensaciones que ya fracasó en el pasado kirchnerista y fue motivo de arbitrariedad y escándalos.
Dicen que lo harán apelando al artículo 42 de la Constitución Nacional en defensa de los derechos del consumidor y en detrimento de los derechos del productor consagrados, por ejemplo, en el artículo 16 de la misma, que habla de igualdad ante la ley y en las cargas públicas. Un nuevo subsidio que dejarán armado para el próximo Gobierno (lo crearían hasta fines del 2024) y que habrá que desarmar como tantos otros que el Gobierno de científicos y alquimistas nos ha de legar.
Preguntas
¿Pero por qué estos US$150 millones de subsidios en forma de “compensaciones” lo tendría que pagar el productor agropecuario? ¿Acaso no iría, según ellos, en beneficio de todos los consumidores del país? ¿Es justo hacerlo de este modo? ¿Quién defiende al productor? ¿No debería actuar el INADI por discriminación?
¿No debería pagarse mediante la rebaja de otros impuestos como la eliminación del IVA al pan, los fideos o la harina? ¿O no podría el Estado disminuir US$150 millones de gastos de la política o de subsidios inservibles o de dudosa legalidad a otros sectores?
Además, ¿por qué serviría ahora un instrumento que en el pasado fracasó? ¿No piensan los científicos y alquimistas que para frenar la inflación es mejor dejar de darle a la maquinita que volver a robarle al productor?
Muchas preguntas que sería bueno que se hicieran antes de sancionar la medida y arruinarle la Navidad a quienes siempre pagan el pato de la boda.
Jesús María Silveyra
El autor fue Subsecretario de Mercados Agropecuarios
La Nación
